El malestar social
generado por la introducción de mociones a favor del “Veto parental” (conocido
como Pin Parental)
en los parlamentos autonómicos
por parte del partido de ultraderecha Vox y apoyado en algunos de ellos por
Ciudadanos y Partido Popular, lejos de responder exclusivamente a un alarde de
poder frente a sus socios políticos, responde a una vieja batalla que desde
hace muchos años libran los representantes de las derechas más ultraliberales y
ultracatólicas en diferentes países. Contrarios a la Educación Pública y
deseosos de derivar el gasto educativo a sus intereses particulares, fundando
escuelas privadas que consiguen concertar con menor o mayor éxito según el país
– España es uno de los países donde no les está yendo nada mal-, promueven
campañas financiadas por entidades ultracatólicas, apoyadas por los partidos
más proclives, en las que atacan los pilares básicos de la Escuela Pública,
democrática, laica, gratuita y universal que expresa el mejor instrumento hasta
ahora conocido para desarrollar uno de los derechos básicos de la
humanidad
en general, y de la infancia ,
en particular: el recogido por el Artículo 26 de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos de Naciones Unidas que dice:
1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe
ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y
fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica
y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores
será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana
y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades
fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre
todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de
la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que
habrá de darse a sus hijos.
A
este artículo hay que añadirle la posterior Convención sobre los derechos del
niño de 1989, suscrita por España y de obligado cumplimiento. En esta
Convención se destaca especialmente:
el interés
superior del niño, el derecho a la no
discriminación, el derecho a
la vida, la sobrevivencia y el desarrollo y
finalmente, el derecho a la libertad
de expresión y a
ser escuchado. En efecto, el Comité de los Derechos del Niño otorgó
mayor relevancia al contenido de los artículos 2, 3, 6 y 12.
Es
decir, que el niño y la niña dejaron de ser considerados objeto de protección
para convertirse en sujetos titulares de derechos, algo que parecen haber
olvidado precisamente quienes han lanzado esta nueva campaña difamatoria contra
el conjunto de la escuela pública, a la que presentan como un espacio oscuro y
repulsivo, donde un profesorado perverso y malévolo introduce a todo tipo de
personas de dudosa moralidad, a escondidas de familias, inspecciones y
direcciones, intentando convertir a sus alumnas y alumnos en no se sabe qué
engendro estatal. Gracias a su campaña, ahora por fin se habrían destapado
todas las intrigas poniendo fin a tanta barbarie.
Es
curioso que quienes hacen llegar desde hace varios años a los centros
educativos los panfletos de Hazte Oír contra “la ideología de género”, sean
precisamente quienes podrían estar incumpliendo todos y cada uno de los
artículos de dicha Convención, sean partidarios de la educación privada
concertada, en la que mayor contenido ideológico y mayor control social ejercen
sobre el conjunto de la comunidad educativa y mayor connivencia hayan mostrado
con la educación religiosa. De las graves acusaciones de abuso sexual por parte
de curas a lo largo de muchos años de enseñanza religiosa o de las infinitas
discriminaciones de la escuela estatal del franquismo nunca les hemos oído
quejarse.
Pero
no es a estas organizaciones de ultraderecha a quienes nos dirigimos, sino al
conjunto de la ciudadanía, democrática y defensora de los derechos sociales y
de los servicios públicos, para hacerle saber que La Plataforma de la Escuela
Pública de Huesca lleva años trabajando por la mejora de la Calidad de la
Educación Pública, denunciando los recortes económicos y exigiendo la
derogación de la LOMCE precisamente por clasista y discriminatoria y
antidemocrática. Fue la LOMCE la que privó a los consejos escolares de la capacidad
de decisión, reduciéndolos a meros consejos consultores. Como todo el mundo
sabe, las familias participan no sólo en dichos Consejos Escolares, a través de
miembros elegidos democráticamente, sino que también las familias pueden
asociarse a las AMYPAS o AMPAS de los centros. Todos los centros están
obligados por ley a hacer pública su Programación General Anual, aprobada por
el Consejo Escolar y la Inspección, así como son obligatorias las reuniones
trimestrales o anuales de tutores y tutoras con los responsables familiares. En
la mayoría de los centros de primaria la comunicación y participación de las
familias en la vida escolar es mucho más intensa que en los centros de
secundaria, siendo en algunos casos copartícipes de gran parte de las actividades
curriculares, como en los centros donde se aplica la metodología propia de las
Comunidades de aprendizaje. Las familias conocen los centros donde estudian sus
hijos e hijas y acuden cuando lo consideran pertinente.
Por
lo que se refiere a las actividades complementarias son aprobadas por el
Consejo Escolar y, en su caso, por la Inspección Educativa, por lo que no
existe ninguna actividad que se organice de forma “clandestina” ni “oscura”
como una práctica habitual.
En
cuanto al profesorado de la Escuela Pública, como tantas veces se ha recordado,
es mucho más plural ideológicamente que el profesorado de las Escuelas privadas
o religiosas, dado el acceso a través del sistema de concurso-oposición. Tan
plural como las familias y sus hijos e hijas, por lo que sorprende sobremanera
que se señale a los centros públicos, donde las familias acuden,
mayoritariamente, por proximidad o por no tener otro centro –zonas rurales- y
el profesorado concursa por su puesto de trabajo.
A pesar de que consideramos que la LOMCE no es la Ley educativa
que nos hace falta para la sociedad del futuro, sin embargo, en su preámbulo
recoge el artículo 27.2 de la Constitución española:
«La educación tendrá por objeto el pleno
desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».
Reconociendo más abajo que :
“Las habilidades
cognitivas, siendo imprescindibles, no son suficientes; es necesario adquirir
desde edades tempranas competencias transversales, como el pensamiento crítico,
la gestión de la diversidad, la creatividad o la capacidad de comunicar, y
actitudes clave como la confianza individual, el entusiasmo, la constancia y la
aceptación del cambio.”
(Y más abajo) “ …. Debe
darse el “desarrollo, en la escuela, de los valores que fomenten la igualdad
efectiva entre hombres y mujeres, así como la prevención de la violencia de
género.”
Esto implica que, el profesor o la profesora, cuando dan
clase, sea cual sea su materia, deberá asegurar al mismo tiempo, una educación
en valores democráticos, solidaridad, tolerancia, igualdad y derechos humanos.
Por otra parte, los centros educativos en Aragón, están obligados por ley a
desarrollar sus Proyectos educativos de centro, sus planes de convivencia con
la incorporación del Protocolo Antibullying autonómico, el Reglamento de
Régimen Interno, que incluye la Carta de Derechos y Deberes del Alumnado y a
partir del próximo curso un Plan de Igualdad.
Nuestros menores tienen derecho a conocer la diversidad
familiar realmente existente en nuestro país, así como tienen derecho a una
educación afectivo-sexual integral a lo
largo de toda la etapa escolar, así como a una educación para la salud, el
respeto al medio-ambiente, una educación para la paz y la convivencia, que
contemple la inclusión de todas las personas, sin distinción de clase social,
religión, identidad de género u opción sexual, ni capacidades, así como una
educación para la igualdad, que avance en la eliminación de las barreras que
obstaculizan el pleno desarrollo de las niñas y los niños en cualquier ámbito
social, así como una educación para la resolución no violenta de los
conflictos.
Lejos de ser un país modélico en la educación en Derechos
Humanos y la educación para la Ciudadanía, asignaturas que se imparten
obligatoriamente en más de 20 países de la UE, nuestros legisladores van
excesivamente lentos en la implantación de las herramientas para que las cifras
de la pobreza, la segregación escolar de carácter económico, la discriminación racial o étnica, la
violencia sexual y el acoso escolar dejen de ser tan altas. Sólo en Murcia el
número de casos denunciados de violencia sexual mayoritariamente contra mujeres
ha aumentado de 391 en 2017 a 478 en 2018. A nivel nacional han sido denunciados
13.000 casos de violencia sexual. ¿Vamos
a seguir dejando la Educación Sexual en manos de la pornografía o en los mitos
y estereotipos del machismo ancestral?
Huesca, Febrero 2020.
PLATAFORMA EN DEFENSA DE LA ESCUELA PÚBLICA DE HUESCA
http://plataformaescuelapublicahu.blogspot.com
