La Plataforma rechaza la supresión de la ESO en 15 municipios aragoneses

La Plataforma en defensa de la Escuela Pública de Huesca quiere hacer patente su rechazo ante la arbitraria decisión del Departamento de Educación del Gobierno de Aragón de suprimir el primer ciclo de la ESO en 15 municipios aragoneses, entre ellos los de Gurrea de Gállego, Tardienta, Boltaña, Benabarre y Altorricón. Además de ello, el resto de localidades que estaban amenazadas de supresión el curso pasado en el Altoaragón (Ayerbe, Hecho, Ansó, Broto, Campo, Belver, Lanaja y Zaidín) quedan en una situación de “inseguridad” dependiendo de criterios tan “pedagógicos” como el número de nacimientos de determinado año o las familias inmigrantes o emigrantes en el pueblo.

Atrás quedaron las razones “pedagógicas” aducidas por Dolores Serrat que se apoyaba en una supuesta baja calidad educativa de la secundaria en la zona rural. Ahora se apoya en un número arbitrario (14 alumnos) y en una duración arbitraria del desplazamiento (1 hora) para mantener o suprimir los estudios de ESO. Desde la Plataforma ni estábamos de acuerdo en la pretendida baja calidad educativa atribuida (no detectada por los IES de destino) ni compartimos la decisión meramente economicista de eliminar la educación secundaria en la zona rural.

Frente a ello proponemos y defendemos:

· La adopción por el Gobierno de Aragón de criterios sociales en la planificación educativa. Ello conlleva la decisión política de mantener un desarrollo sostenible en Aragón, lo que implica mantener servicios sociales en las zonas rurales (sanitarios y educativos) en lugar de eliminarlos y facilitar la despoblación.

· La planificación de la enseñanza secundaria en la zona rural con un horizonte temporal estable y, de ninguna manera limitado a los próximos dos años para no ligarlos a las próximas elecciones.

· La creación de ‘Secciones Delegadas’ de secundaria en estas localidades, relacionadas con el instituto más cercano y, cuando no sea posible, dotar al centro de primaria del profesorado especialista y de los recursos materiales necesarios para la calidad educativa deseada.

Por todo ello, desde la Plataforma reclamamos la paralización de esta decisión arbitraria 


y perjudicial para toda la zona rural altoaragonesa.