Algunos defensores de los conciertos educativos muestran las cifras de gasto público por estudiante para aducir que la enseñanza privada es más eficiente que la pública. Una mirada más detallada lleva a conclusiones distintas. Por una parte, algunas comunidades como la madrileña permiten desgravar hasta 900 euros por hijo en concepto de gastos de escolaridad, compra de uniformes o aprendizaje de idiomas. En el mismo sentido muchos colegios privados concertados tienen constituidas fundaciones declaradas de utilidad pública cuyas aportaciones desgravan un 25%. Toda desgravación fiscal es gasto público enmascarado bajo la forma de reducción de ingresos que puede leerse como una subvención para quien lo recibe. La principal diferencia con la subvención es que el montante total queda opaco para la ciudadanía.
Cuando hablan de eficiencia suelen centrar el foco en el gasto público, olvidando las aportaciones realizadas por las familias que también forman parte del coste educativo aunque sea asumido privadamente. Además, este gasto privado constituye un mecanismo de selección de estudiantes que busca aumentar la homogeneidad del alumnado y reducir sus costes, incrementando indirectamente la heterogeneidad y, por tanto, los costes de la pública.
Que la concertada es un sacaperras para los padres, además de para el Estado, es una conclusión a la que, por diferentes vías, llegan estudios tanto privados como públicos. En septiembre de 2012 se hizo público un informe de la OCU que concluía que el coste anual de un colegio concertado era un 69% más caro que uno público, incluyendo en ese coste la obligación de “pagar algún tipo de cuota ya sea en forma de donación o justificada por la prestación de unos determinados servicios que se ofrecen sin opción a renunciar a ellos”.
Las cifras oficiales apuntan en la misma dirección. El Instituto Nacional de Estadística en la última Encuesta sobre el Gasto de los Hogares en Educación, correspondiente al curso 2011/12 y hecha pública el 28 de diciembre de 2012, ofrecía los siguientes costes anuales (en euros) por alumno para cada etapa educativa en función del tipo de centro.
Las diferencias saltan a la vista. El coste de la privada concertada viene a ser más del doble que en la pública y una parte importante de la diferencia reside en las “clases lectivas” donde se incluyen las aportaciones regulares de los padres sin contrapartida explícita. Por eso es conveniente recordar que el artículo 88 de la vigente LOE dice que “… en ningún caso podrán los centros públicos o privados concertados percibir cantidades de las familias por recibir las enseñanzas de carácter gratuito, imponer a las familias la obligación de hacer aportaciones a fundaciones o asociaciones ni establecer servicios obligatorios, asociados a las enseñanzas, que requieran aportación económica por parte de las familias de los alumnos”.
Estas cifras dejan en evidencia a las autoridades educativas: saben que esa ley se incumple pero ellas también incumplen su obligación de vigilancia y control.
Pedro García, Movimiento hacia un Estado Laico (MHUEL)
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