Convocado desde los centros Lucas Mallada y Sierra de Guara, con la
participación de la Plataforma en defensa de la Escuela Pública, se ha celebrado en la
tarde del martes 30 en el salón de actos de este instituto.
Utilizando como hilo conductor una clara y detallada presentación sobre los
fines, estructura del sistema educativo y principales novedades que plantea la ley, se ha
ido simultaneando la exposición de la misma con intervenciones y comentarios
frecuentes de las personas asistentes.
La generalidad de las intervenciones se han mostrado muy críticas con dicho
proyecto de ley. Se ha puesto de relieve que, ya en el preámbulo, se marca unos
objetivos de corte puramente economicista con alusiones constantes a la competitividad.
Por otra parte se ha evidenciado que, con el artificio de que no es una nueva
ley, sino una modificación del articulado de la ya existente, se consigue acortar el
procedimiento legislativo y adelantar su aplicación, aunque sea a costa de limitar
grandemente la posibilidad de aportar opiniones de toda la comunidad educativa y hacer
una implantación controlada y progresiva. No deja de ser llamativo que, aunque trata de
hacer desaparecer la LOGSE, se apoya en su estructura articular en lugar de hacer una
aportación original.
Se valoran negativamente aspectos como: la supresión de ciclos en primaria;
el adelantamiento de la edad en que el alumnado se diferencia en itinerarios formativos;
la eliminación o recorte horario de materias formativas como Tecnología, Música,
Plástica, Economía…; la inclusión de unas “reválidas” (evaluaciones externas) que
condicionarán negativamente las programaciones didácticas por la presión de
“conseguir resultados”; el riesgo de que estas evaluaciones externas abran la puerta a
otra forma de privatización…
Se advierte la contradicción entre la pregonada autonomía que se quiere dar
a los centros y la limitación “de facto” de la misma por efecto de las “evaluaciones
externas”, que podrán decidir la repetición de curso o la no admisión a estudios de
bachillerato. Hasta ahora esas decisiones estaban en el ámbito de decisión del
profesorado y del proyecto educativo del centro.
Quien sí gana autonomía es la figura del director, que asume las que se le
quitan al Consejo Escolar y que adquiere el poder de decidir en admisión de alumnos,
selección de profesorado etc. A cambio, se reduce el peso del profesorado del centro en
su elección y se aumenta el de la Administración educativa. “A buen entendedor…”.
En el fondo, lo que subyace es una degradación de la Educación, que pasa de
ser concebida como “un derecho constitucional” a tener la consideración mucho más
limitada de “servicio” que puede prestarse no solo desde el ámbito público, sino
también del privado, aunque este prestador privado de servicios educativos plantee la
segregación por sexos.
Por todo ello, los presentes han acordado denunciar este proyecto de ley y
adoptar las medidas que se acuerden con el resto de centros y estamentos de la
comunidad educativa, para el próximo día 7 de noviembre.
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